En cualquier empresa, sin importar su tamaño o sector, conocer a la persona que se está contratando no es solo una buena práctica, sino una obligación legal y un mecanismo de protección para el negocio. Un proceso de verificación adecuado permite garantizar la seguridad, la confianza y la transparencia en las relaciones laborales y comerciales.
En Colombia, la Constitución Política (art. 53 y 95) y el Código Sustantivo del Trabajo establecen principios de buena fe y legalidad en las relaciones laborales. Además, existen normas específicas que hacen indispensable validar los antecedentes de empleados y contratistas:
- Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales): establece que la información de antecedentes judiciales y disciplinarios puede ser consultada únicamente con fines legítimos, como la vinculación laboral.
- Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción): obliga a las entidades públicas y empresas privadas que contratan con el Estado a verificar antecedentes en procuraduría, contraloría y policía.
- Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera: exige a entidades financieras implementar procesos de debida diligencia para evitar riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
No realizar estas verificaciones puede traer consecuencias graves:
- Responsabilidad administrativa y sanciones económicas: las empresas pueden recibir multas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por el indebido tratamiento o falta de consulta de antecedentes.
- Riesgos penales: si se vincula a una persona con antecedentes por delitos como lavado de activos, narcotráfico o corrupción, el empleador podría enfrentar investigaciones por complicidad o por no cumplir con los protocolos de debida diligencia.
- Pérdida de contratos y reputación: especialmente en el caso de licitaciones públicas o convenios con entidades financieras, donde la validación de antecedentes es requisito obligatorio.
En conclusión, conocer a quién contratas protege a la empresa de riesgos legales, económicos y reputacionales. Un proceso responsable de verificación no solo cumple con la normativa colombiana, sino que también envía un mensaje de confianza a clientes, aliados y empleados.